YO VOY DE LEGAL Y TU ?

16.04.2016 08:23

A veces no somos conscientes del problema que puede suponer para nosotros mismos contratar a personas sin cualificación e ilegales para la realización de trabajos en nuestro domicilio.

La caída por accidente de un solo tornillo puede causar una herida de consideración a un viandante, un resbalón, la caída desde una escalera o altura del propio trabajador. Como respondemos ante esta situación? Si el trabajador en cuestión no está dado de alta en la seguridad social, no tiene seguro de responsabilidad civil, carece de la formación adecuada, no esta registrado por industria.

Esto supondría un problema muy serio para la persona propietaria del domicilio.

Bajo el lema 'Yo voy de legal, ¿y tú?', la Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones ha iniciado una campaña con el objetivo de frenar esta actividad fraudulenta. La iniciativa, a la que se han sumado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Facua-Consumidores en Acción y Asepeyo -en representación de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales-, consiste en difundir las pérdidas en materia económica, empresarial y de empleo que está provocando la economía sumergida en el sector, así como en inserciones publicitarias en Internet que explican cómo identificar una empresa fraudulenta y los perjuicios que acarrea contratar servicios no autorizados.
En este sentido, el director de Faitel, José Manuel Muñiz, advierte de que cuando una comunidad de propietarios o un particular contrata a un antenista ilegal, se convierte en promotor de una obra, por lo que en caso de accidente del trabajador con resultado de muerte la multa puede alcanzar los 600.000 euros. Además, recuerda, tiene responsabilidad de tipo penal, que puede suponer tres años de cárcel porque, según señala el director territorial de servicios de prevención laboral de Asepeyo, Juan Moreno Ramírez, «te pueden acusar de homicidio involuntario».
Responsabilidad civil
A esto, según Faitel, hay que sumar la responsabilidad civil en el caso, por ejemplo, de que se caiga una antena y dañe al trabajador o a alguien que pase por la calle. Y es que las empresas autorizadas deben tener contratado un seguro de 300.000 euros para cubrir daños a propietarios y terceros, algo de lo que carecen los instaladores ilegales, «que no ofrecen ningún tipo de garantía». «Estas personas no cumplen los requisitos exigidos por la ley, ni cualificación ni estudios para abordar las averías», alerta Muñiz.
A pesar de esto, cada día son más los particulares y comunidades que contratan a antenistas sin preparación, fundamentalmente porque ofrecen precios bajos, aunque a la larga pueda resultar más caro. «Todo el esfuerzo que las empresas hacen se ve deteriorado por esta competencia desleal», apunta el adjunto a la secretaría general de la CEA, Antonio Moya.
La asociación de consumidores Facua, por su parte, advierte de que quien contrata a un instalador pirata pierde al instante la garantía del trabajo y la posibilidad de reclamar. «Si somos conscientes de la existencia de un antenista ilegal, lo que tenemos que hacer no es contratarlo, sino denunciarlo ante la patronal del sector y las asociaciones de consumidores», afirma el portavoz del colectivo, Rubén Sánchez. Fuente diario sur
Volver